LOS cambios demográficos y económicos afectan inevitablemente al sistema público de pensiones y resulta lógico que este deba adaptarse progresivamente. Para ello se creó, en los años noventa, el instrumento del Pacto de Toledo, un acuerdo político cuya duración muestra a las claras la importancia concedida a una materia que, por su alta sensibilidad y trascendencia, se quiso dejar al margen de los vaivenes de corto plazo de la refriega política. El rechazo, prácticamente unánime, de los partidos y de la opinión pública a la propuesta gubernamental de retrasar la edad legal de jubilación muestra que el Ejecutivo de Zapatero se equivocó gravemente, aunque no tal vez en el fondo, sí en la manera de plantear un debate que, en todo caso, ahora ha sido ya reconducido a los instrumentos del citado Pacto, donde sin duda adoptará una forma diferente. Las manifestaciones que estos días promueven UGT y CC OO son seguramente, sin embargo, índice de un malestar más amplio. Los sindicatos han querido sin duda moderar su capacidad de ejercer presión sobre el Gobierno, por lo que las cifras de asistencia no son aquí el dato fundamental. Pero las movilizaciones constituyen una clara advertencia ante la deriva confusa de la política económica y frente a posibles medidas impopulares que Zapatero, a pesar de todo, podría verse obligado a adoptar.