Contra el fraude

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EL plan que ayer presentaron al alimón las vicepresidentas De la Vega y Salgado para luchar contra lo que el Ejecutivo denomina economía irregular y trabajo no declarado pretende obtener unos mil millones de euros hasta 2013, un 0,1% del PIB. Con ser importante, se trata solo de una actuación complementaria de los mecanismos de persecución del fraude establecidos por la Administración y que, según datos oficiales, reportaron a Hacienda 35.000 millones de euros entre los años 2005 y 2009. Una simple comparación entre lo que se espera obtener con las nuevas medidas y las estimaciones más o menos oficiosas que se hacen sobre el dinero opaco que se mueve por el mercado español, permite constatar lo lejos que estamos de dar una solución razonable al problema. El último informe elaborado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda situaba la tasa de economía sumergida en España, al acabar el año 2009, en el 23, 3% del PIB. Aunque muchos especialistas consideran que esos datos están hinchados, lo cierto es que se trata de un fenómeno reprobable, que pone trabas a la recuperación económica y que hace recaer el peso de la crisis sobre las espaldas de quienes cumplen con sus obligaciones comunes.