Un Estatuto no puede fijar el rango de las normas del Estado, dice la sentencia del Constitucional sobre el ‘Estatut’, hecha pública ayer en su integridad, con cinco votos particulares, y considerada por José Montilla, presidente socialista de la Generalitat, como “una ofensa a la dignidad de Cataluña”. Es una reacción desafortunada, que choca con las declaraciones del ministro de Justicia, para quien el fallo “fortalece la unidad de España dentro de la diversidad”. El Estatuto de Cataluña no podía quedar fuera del marco constitucional, que a todos obliga, atribuyendo a Cataluña una soberanía inexistente. La sentencia, que ha llegado tarde y en medio de vaivenes, considera también que no se puede imponer a empresas y comercios el uso de una de las dos lenguas oficiales, castellano y catalán, “de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas”. Importantes asuntos, como el referente a la política hidráulica, quedan sujetos a interpretación del Estado. De ahí la importancia de que el Gobierno no se deje intimidar por las presiones preelectorales de los nacionalistas.